La Convención para la diversidad cultural de la UNESCO, literalmente denominada "sobre la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales", aprobada el 20 de octubre de 2005, nació con la intención de dirigir la atención de las políticas culturales del propio organismo internacional y de los Estados Parte en el siglo XXI hacia la diversidad como, según declara el preámbulo, "una característica esencial de la humanidad" y "patrimonio común" de ella. La diversidad cultural era y estaba llamada a constituirse en motor del desarrollo sostenible de las comunidades y de los Estados y en marco de tolerancia y respeto mutuo indispensable para la paz y la seguridad de las naciones. Por un lado, se hacía necesario superar los interminables debates que en los ámbitos económicos se habían producido en relación con el comercio de los bienes, actividades y servicios culturales. Por otro, urgía proporcionar las bases jurídicas de protección y el apoyo institucional a los países y comunidades en riesgo de quedar excluidos o de sufrir procesos de homogeneización que difuminaran o eliminaran las diferencias e identidades culturales. En particular, las de las minorías y los pueblos autóctonos.