Tomo I. Legislación general sobre la tierra -- Legislación sobre aguas -- Tomo II. Legislación básica sobre semillas -- Principales disposiciones sobre sanidad animal y vegetal -- Legislación sobre apoyo financiamiento agrario -- Principales normas sobre compensación y desarrollo social -- Apéndice -- Tomo III. Legislación sobre comercio exterior -- Legislación sobre el marco institucional -- Principales normas sobre recursos forestales y de fauna silvestre.

A partir del 28 de julio de 1991, se dieron los primeros pasos para reordenar la vida económica de nuestro país, adoptándose primero una sólida concepción sobre el programa que debía aplicarse en las áreas del quehacer económico y social y luego se adoptaron las acciones que nos están llevando a metas concretas de real desarrollo.
Entonces, había poco tiempo y escasos recursos para acometer, en el más corto plazo, el cambio de todo un sistema heredado, a fin de que el agro se desarrollase eficientemente por el esfuerzo de los propios agricultores, sin ninguna ayuda estatal, tal como había sido práctica común en el pasado.
Empero, luego de haberse introducido los cambios necesarios para que el aparato productivo agrario se recuperase, resulta que esta tarea, debe intensificarse con la participación de todos los agentes económicos, a fin que en conjunto, contribuyan con su experiencia, capitales y técnica, en modernizar los sistemas de tratamiento de suelos, fertilización, de riego, de semillas, de comercialización e industrialización.
Para dinamizar esta inversión, tanto nacional como extranjera en el agro, se requería abandonar por completo el inmenso universo de normas legales dictadas en el pasado para estructurar esquemas proteccionistas, asistencialistas y colectivistas.
Así, en Setiembre de 1991, el Supremo Gobierno puso en vigencia el Decreto Legislativo Nº 653 " Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario", que estableció un nuevo marco jurídico para las actividades agrarias y poder recuperar el tiempo perdido.
Se garantizó la propiedad privada de la tierra, la participación de empresas privadas, el uso racional de los recursos naturales, y finalmente se decidió abolir toda "legislación agraria" que sus partidarios consideraban "irrevocable", y finalmente volvimos a la realidad.
La nueva Constitución Política de 1993, con precisión establece una orientación moderna y clara al respecto, determinando que las reglas del mercado, son factores que deben intervenir para que desarrolle cualquier actividad económica y con ello se incentive la participación de los agentes económicos, otorgándose garantías a través de la dación de normas que les den estabilidad y seguridad jurídica a sus inversiones.
Por ello, el derecho de propiedad es la esencia jurídica de cualquier movimiento económico basado en las citadas reglas, puesto que sus poderes confieren a su titular la posibilidad de realizar toda clase de negocios jurídicos, en innumerables, diferentes e ilimitadas posibilidades, de acuerdo con lo infinito de variables que tiene la iniciativa privada.
Respondiendo a los lineamientos enunciados, es necesario que el presente trabajo, el cual contiene la recopilación de principales normas legales que regulan los diferentes aspectos de la actividad agraria, sirva como una contribución para que se elabore el proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional del Régimen Agrario y de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, el mismo que debe fundarse estrictamente en los preceptos constitucionales de la Carta Fundamental de 1993 sobre el libre acceso para todos a la propiedad de las tierras rústicas, libertad para elegir la producción y comercialización de los productos, e incorporar los demás principios que la nueva Carta Fundamental nos proporciona, para realizar el urgente cambio jurídico que libere al régimen agrario y a las Comunidades Campesinas y Nativas de las trabas que limitan su desarrollo.
Es decir, entregar a ustedes la presente edición nos era imprescindible, para que quienes reciban esta obra comprendan lo complejo y la envergadura del ámbito en el cual se desarrolla un productor agrario.
Por lo tanto, los lectores atentos necesitarán el asesoramiento de un abogado para preparar e implementar primero las medidas propuestas, ya que en algunos casos, por ejemplo, los lectores encontrarán que quieren ciertas leyes para actividades relacionadas con las zonas rurales que están sujetas al impacto actual.
política.
Carta.
Declarando inaceptables estos comportamientos; en algunos casos, estas leyes están llenas de disposiciones legales innecesarias, incluyendo facultades administrativas, restricciones, permisos, licencias, etc.
, que están prohibidas por las leyes de promoción y gestión de promoción de capital privado.
Se espera que los líderes agrícolas interesados en este trabajo puedan corregir y corregir las condiciones, relaciones, tiempos y puntos de análisis involucrados, incluida la introducción de reglas.
Este libro contiene sólo leyes válidas y está dividido en tres libros, cuyos temas han sido elegidos por su relación con la naturaleza de la agricultura o por su importancia.
Creemos que hemos podido recoger en estos tres libros la parte de la ley que más nos interesa en cada ámbito, no porque sea importante sino porque no se acerca.
El primer volumen se divide en dos capítulos principales: la Ley General de Tierras y la Ley de Aguas, en esta sección se presentan las leyes relacionadas con las leyes vigentes, los cambios introducidos por la nueva ley política y la Ley de Promoción de la Inversión Agropecuaria.
y otras cuestiones conexas destinadas a cambiar los modelos de negocio de las empresas del sector privado.
También incluye la Ley General de Aguas y sus diversas leyes, incluidas las normas al respecto recientemente promulgadas.